Por Juan Pablo Ojeda
El jaloneo por la nueva Ley de Aguas sigue subiendo de tono en la Cámara de Diputados y el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dejó claro que su bancada votará en contra. Según explicó, el proyecto que impulsa Morena no garantiza el derecho al agua para las comunidades más vulnerables y llega con huecos importantes justo cuando México enfrenta un panorama de sequías cada vez más severas.
Álvarez Máynez advirtió que la iniciativa llega sin un respaldo presupuestal claro. Y eso, dicho en pocas palabras, es como prometer una casa sin poner ni un peso para los cimientos: “Ni en los transitorios ni en el contenido de la ley se define un criterio para asegurar recursos suficientes para potabilización, capacitación o aumento de inspectores”, criticó. En un país donde los sistemas de agua potable se están quedando viejos y saturados, el dirigente considera que aprobar una ley sin etiquetar presupuesto es condenarla a quedarse en el papel.
Otro punto que encendió las alarmas en MC es que toda la carga presupuestal recaería en la CONAGUA, sin garantizar recursos extras para sostener el trabajo ni para impulsar nueva infraestructura. Además, la reasignación de concesiones quedaría totalmente en manos del organismo federal, dejando fuera a los organismos de cuenca que, según Máynez, son quienes realmente conocen las particularidades de cada región. Para el dirigente, esto abre la puerta a decisiones centrales poco informadas y, sobre todo, discrecionales.
El emecista también reprochó que la prohibición de transferencias directas entre particulares no venga acompañada de reglas claras para la reasignación, un vacío que, en su lectura, puede generar incertidumbre e incluso abusos administrativos. A esto se suma la ausencia de un sistema sancionatorio fuerte contra la contaminación del agua, lo cual contraviene —dijo— la idea de proteger un derecho humano básico.
Un punto especialmente sensible para MC es que, aun cuando haya sobreexplotación de acuíferos o extracciones que pongan en riesgo el consumo humano, la ley no contempla suspender concesiones. Y eso, subrayó Máynez, muestra que el proyecto no está pensado para poner a las personas en el centro.
En medio de la tensión política por la aprobación de la nueva ley, la postura de Movimiento Ciudadano agrega presión a un debate que ya arrastra críticas de organizaciones civiles, productores rurales y especialistas en gestión del agua. Para el partido naranja, dejar pasar una ley sin los candados, el presupuesto ni la estructura adecuada es cerrar los ojos ante una crisis hídrica que, advierten, ya viene en camino.
